El abogado Abelardo de la Espriella expuso ante mandatarios locales en Barranquilla una propuesta para implementar bloques de seguridad urbana. Según el jurista, este modelo busca complementar la vigilancia estatal mediante el uso de tecnología y personal privado en zonas con altos índices de criminalidad.

La propuesta carece por ahora de un marco normativo detallado que explique cómo se articularía con la Policía Nacional. Existe una ambigüedad sobre quién asumiría los costos operativos y bajo qué autoridad actuarían estos grupos, ya que la ley colombiana restringe el uso de la fuerza y el control del orden público exclusivamente a las instituciones estatales.

Analistas en seguridad advierten que la delegación de tareas de vigilancia a actores privados podría derivar en riesgos para los derechos civiles. La normativa vigente limita la acción de las empresas de seguridad a la protección de bienes y personas en perímetros específicos, lo que hace incierta la viabilidad legal de patrullajes en el espacio público.

El impacto de esta medida sobre los sectores sociales más vulnerables permanece como una incógnita. Si la seguridad se gestiona mediante esquemas privados, el acceso a la protección podría quedar condicionado a la capacidad económica de cada territorio, profundizando las brechas de desigualdad en la atención estatal frente al delito.

La privatización de la seguridad y el modelo de justicia vigilante

La propuesta de implementar bloques de seguridad urbana bajo gestión privada se inscribe en la teoría de la seguridad ciudadana privatizada, un fenómeno analizado por autores como Rita Abrahamsen y Michael Williams. Este marco teórico examina cómo el Estado delega funciones coercitivas en actores no estatales, diluyendo el monopolio de la fuerza legítima que, según la definición clásica de Max Weber, constituye el pilar del Estado moderno.

Desde la perspectiva de la economía política de la seguridad, esta iniciativa plantea interrogantes sobre la equidad en el acceso a la protección. La externalización de la vigilancia tiende a generar una distribución desigual de la seguridad, donde la capacidad de resguardo se vincula a la solvencia económica de los sectores o individuos que contratan dichos servicios, en lugar de ser un derecho universal garantizado por la administración pública.

Históricamente, este modelo se asemeja a las prácticas de vigilancia comunitaria o privada que han surgido en contextos de desconfianza institucional. El debate académico actual se centra en si estos esquemas complementan la labor policial o si, por el contrario, erosionan la responsabilidad estatal, trasladando la gestión del orden público a lógicas de mercado que priorizan la rentabilidad sobre la garantía de derechos fundamentales.

Riesgos de la seguridad privada en la convivencia urbana y la equidad

La propuesta de implementar bloques de seguridad urbana liderados por actores privados plantea interrogantes sobre la gestión del espacio público y la igualdad ante la ley. Los sectores con mayor exposición a este modelo son:

  • Clase trabajadora e informalidad laboral: En zonas comerciales o de alta densidad, la presencia de seguridad privada con capacidad de control puede restringir el uso del espacio público para el comercio informal. Esto desplaza a trabajadores que dependen de la calle para su sustento, aumentando su vulnerabilidad económica.
  • Población en situación de pobreza: La vigilancia privada tiende a aplicar criterios de selección basados en la apariencia o el origen socioeconómico. Esto genera barreras de acceso a áreas urbanas, limitando la libre circulación de personas que no encajan en los perfiles de consumo o seguridad definidos por los operadores privados.

El mecanismo de impacto es la privatización de la vigilancia, que traslada facultades de control ciudadano a entidades cuyo objetivo principal es la protección de activos y no la garantía de derechos fundamentales. A mediano plazo, este modelo puede fragmentar la seguridad urbana, creando zonas de acceso restringido y profundizando la segregación socioespacial. Existe incertidumbre sobre los límites legales de estos bloques, dado que la fuerza pública es, por mandato constitucional, la única entidad facultada para el uso legítimo de la coerción. Los beneficiarios directos de esta medida serían las empresas de seguridad privada y los sectores económicos con capacidad de pago para contratar estos servicios, quienes trasladan el costo de su protección al entorno urbano inmediato.

La propuesta de seguridad privada frente a la institucionalidad estatal

La narrativa dominante, impulsada por Abelardo de la Espriella, enmarca la seguridad urbana como un problema de gestión que requiere soluciones externas al aparato estatal tradicional. Este enfoque presenta los Bloques de Seguridad Urbana como una respuesta ágil ante la percepción de inoperancia de la fuerza pública, utilizando un lenguaje que prioriza el orden y la protección de la propiedad privada como ejes rectores de la convivencia.

En contraste, las narrativas alternativas, provenientes de sectores académicos y organizaciones de derechos humanos, advierten sobre los riesgos de la privatización de la seguridad. Estas voces señalan que la delegación de funciones coercitivas en actores privados puede derivar en un aumento de la violencia, la falta de control democrático sobre el uso de la fuerza y la posible creación de estructuras de poder paralelas que erosionan el monopolio estatal de la violencia legítima.

Respecto a los sesgos detectables, la propuesta omite el análisis sobre la responsabilidad estatal en la prevención del delito y la necesidad de políticas sociales integrales. El lenguaje utilizado por el proponente evita términos como 'vigilancia privada' o 'paramilitarismo', optando por 'bloques de seguridad', un eufemismo que busca dotar de legitimidad técnica una medida de carácter privado. La noticia carece de datos sobre el marco legal actual que permitiría o prohibiría la operación de estos grupos, dejando sin contexto la viabilidad jurídica de la iniciativa frente a la Constitución vigente.

De dónde viene esta información: la nota original de El Espectador

Este artículo fue generado por el sistema editorial automatizado de InfoWeb a partir de información publicada originalmente por El Espectador (ver fuente original) el 5 de agosto de 2026, 01:34.

El texto pasa por un proceso de tres agentes analíticos independientes —trasfondo teórico, impacto social y narrativas/sesgos— más un agente redactor que sintetiza los hechos con lenguaje propio. Este proceso es asistido por un modelo de lenguaje (gemini-3.1-flash-lite) y no reemplaza el trabajo de verificación periodística humana.

Si detectas un error factual, un sesgo no señalado o información desactualizada, usa el botón de reporte en este artículo para marcarlo como desinformación, o déjalo en los comentarios. El equipo editorial revisa periódicamente los reportes de la comunidad.