La expectativa del sector rural ante el nuevo gobierno se centra en una transformación del modelo de desarrollo, superando la narrativa que reduce el atraso del campo exclusivamente a la violencia y el narcotráfico. Si bien la seguridad es una condición necesaria, el análisis de la realidad rural sugiere que la causa estructural del estancamiento es la ausencia histórica de presencia estatal, infraestructura y servicios básicos.

Para revertir el aislamiento de las zonas rurales, se requiere una inversión prioritaria en conectividad vial y digital. La propuesta de un desarrollo integral incluye el acceso a crédito de fomento con asistencia técnica, el fortalecimiento de la asociatividad entre pequeños productores y la provisión de servicios de salud, educación y vivienda. Estos elementos son presentados como los pilares necesarios para conectar la producción local con los mercados nacionales e internacionales.

En el sector ganadero, la situación es objeto de debate debido a los resultados del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Tras 14 años de vigencia, el país no ha logrado exportar carne a ese destino, mientras que las importaciones de leche desde Estados Unidos alcanzaron las 77.000 toneladas en 2025. Productores argumentan que, a pesar de contar con ventajas comparativas en costos de pastoreo y calidad genética, la falta de una trazabilidad eficiente y reformas en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) limita el acceso a mercados externos.

La modernización del campo exige, además, una estrategia de ganadería sostenible que permita diversificar la canasta exportadora. La viabilidad de este modelo depende de la capacidad del Estado para resolver las barreras técnicas y logísticas que actualmente impiden que la producción nacional compita en igualdad de condiciones en el mercado global.

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