Unidades del Batallón de Infantería Liviana N° 31, en conjunto con la Policía Nacional, localizaron y destruyeron dos laboratorios destinados a la elaboración de pasta base de coca en el corregimiento Santa Fe Las Claras, zona rural del municipio de Puerto Libertador, Córdoba.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron 275 kilos de hoja de coca picada, además de suministros químicos y herramientas como cemento, cal, canecas metálicas y prensas manuales. Según el reporte oficial, estas instalaciones estaban bajo el control de la subestructura Rubén Darío Ávila, una facción del grupo armado conocido como Clan del Golfo.

La inteligencia militar estima que la desarticulación de estos puntos de procesamiento reduce los ingresos mensuales de dicho grupo ilegal en aproximadamente 60 millones de pesos. Si bien el Ejército Nacional atribuye la propiedad de los insumos y la infraestructura a esta organización criminal, el informe oficial no detalla si hubo capturas durante la intervención.

La presencia de estas estructuras en la región del sur de Córdoba evidencia la persistencia de las economías ilícitas en zonas rurales, donde las comunidades locales suelen enfrentar mayores riesgos de seguridad debido a la disputa territorial entre actores armados. La destrucción de estos laboratorios se enmarca en la estrategia de control operacional que mantiene la Décima Primera Brigada en el departamento.

Economía política de los cultivos ilícitos y el control territorial

El fenómeno de los laboratorios de procesamiento de cocaína en el sur de Córdoba puede analizarse desde la teoría de la economía política del conflicto. Este marco sugiere que los grupos armados no operan únicamente por motivaciones ideológicas, sino como actores que capturan rentas en territorios donde la presencia estatal es precaria. El control de la cadena de valor de la coca permite a estructuras como el Clan del Golfo financiar su aparato militar y consolidar un control social sobre poblaciones rurales marginadas.

Desde la perspectiva de la geopolítica crítica, la persistencia de estas economías ilícitas responde a la incapacidad del modelo de desarrollo rural para ofrecer alternativas productivas competitivas frente a la rentabilidad de la hoja de coca. Autores como Francisco Thoumi han argumentado que el narcotráfico en Colombia no es una anomalía externa, sino un componente integrado en la estructura económica nacional, donde la ilegalidad llena los vacíos dejados por la ausencia de mercados formales y servicios públicos básicos.

La destrucción de infraestructura física, bajo el paradigma de la seguridad democrática y la lucha contra las drogas, es una táctica de interrupción de flujos financieros. Sin embargo, la literatura académica sobre el tema advierte que, sin una transformación estructural de las condiciones de vida en zonas como Puerto Libertador, estas acciones suelen generar un efecto globo: el desplazamiento de la producción hacia áreas geográficas contiguas sin alterar la dinámica de acumulación del grupo armado.

Impacto de la erradicación de laboratorios en la economía rural cordobesa

La destrucción de estos laboratorios en Puerto Libertador afecta directamente a los pequeños cultivadores de hoja de coca, quienes dependen de esta actividad como principal fuente de ingresos en una región con escasa presencia de mercados formales. Al desmantelar la infraestructura de procesamiento, se interrumpe la cadena de comercialización inmediata, lo que suele derivar en una caída drástica del precio de compra de la hoja fresca. Esto deja a las familias campesinas en una situación de vulnerabilidad económica, al carecer de alternativas productivas viables para sustituir el cultivo.

El impacto se extiende a otros sectores de la población rural:

  • Trabajadores informales: La mano de obra vinculada a la recolección y al procesamiento básico pierde su ocupación de manera inmediata, sin que existan programas de transición laboral en el área.
  • Niñez y adolescencia: La inestabilidad económica provocada por la pérdida de ingresos familiares aumenta el riesgo de deserción escolar y de reclutamiento forzado por parte de grupos armados que buscan reemplazar a los trabajadores afectados.

Aunque la acción militar reduce la capacidad financiera de la subestructura Rubén Darío Ávila, el vacío económico generado en el territorio no es llenado por el Estado. Existe incertidumbre sobre cómo estas comunidades afrontarán la pérdida de sus ingresos, dado que la erradicación sin una oferta de desarrollo rural integral suele desplazar el problema hacia zonas más aisladas o intensificar la pobreza extrema en el corregimiento.

La narrativa de la seguridad militarizada frente a la crisis de sustitución económica

La narrativa dominante se centra exclusivamente en el éxito operacional de las fuerzas estatales. El relato presenta la destrucción de infraestructura como un golpe directo a la capacidad financiera de un grupo armado, utilizando un lenguaje que enfatiza la neutralización de amenazas mediante el despliegue militar. Esta estructura informativa prioriza la fuente oficial, omitiendo cualquier contexto sobre las condiciones socioeconómicas que sostienen la producción de hoja de coca en Puerto Libertador.

Las narrativas alternativas, provenientes de organizaciones campesinas y estudios sobre cultivos de uso ilícito, plantean una lectura distinta: la destrucción de laboratorios sin una oferta de sustitución económica efectiva suele desplazar la producción a nuevas zonas o empobrecer aún más a los cultivadores locales, quienes quedan atrapados entre la presión militar y el control de los grupos armados. La noticia ignora la vulnerabilidad de las comunidades rurales que dependen de este eslabón de la cadena productiva para su subsistencia básica.

Respecto a los datos, la cifra de 60 millones de pesos mensuales como afectación económica a la subestructura Rubén Darío Ávila carece de una metodología explicada. No se especifica si este valor corresponde a ganancias netas, costos de producción o valor comercial estimado, lo que dificulta verificar la magnitud real del impacto. Asimismo, el uso de términos como inutilización en lugar de destrucción suaviza el impacto ambiental del uso de químicos en la zona, un aspecto que no se menciona en el reporte oficial.

De dónde viene esta información: la nota original de El Heraldo

Este artículo fue generado por el sistema editorial automatizado de InfoWeb a partir de información publicada originalmente por El Heraldo (ver fuente original) el 5 de agosto de 2026, 02:02.

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