La Fiscalía General de la Nación programó para el 4 de septiembre de 2026 la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La diligencia, que ha sido aplazada en dos ocasiones anteriores, busca esclarecer posibles vínculos del exmandatario con la creación de grupos paramilitares y su responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia durante la década de 1990.

El proceso judicial integra diversos antecedentes, entre ellos el asesinato de 17 personas en El Aro en 1997. Como parte de la recolección de pruebas, la fiscal Gloria Marcela Abadía citó para el 18 de agosto a Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, exintegrante de las AUC.

La declaración de Soto es objeto de atención, pues previamente denunció presiones del fiscal Álvaro León Polo para testificar contra Uribe a cambio de beneficios judiciales.

La defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, ha solicitado pruebas adicionales para intentar desvincular al expresidente de los hechos. Entre sus estrategias, el equipo legal busca cuestionar la credibilidad de Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos principales del expediente, argumentando que su perfil delictivo como secuestrador invalida su condición de exparamilitar en el marco del proceso.

El expediente también contempla el homicidio de Francisco Villalba, quien en vida señaló al entonces gobernador Uribe por su presunta participación en la masacre de El Aro. Asimismo, la investigación incluye el análisis de la hacienda Guacharacas, vinculada a incidentes de hurto de ganado atribuidos al ELN, y diversas investigaciones disciplinarias contra miembros de la fuerza pública que operaron en la zona durante ese periodo.

Fuentes consultadas

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