Fiscalía reprograma indagatoria contra Álvaro Uribe por masacres en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación programó para el 4 de septiembre de 2026 la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La diligencia, que ha sido aplazada en dos ocasiones anteriores, busca esclarecer posibles vínculos del exmandatario con la creación de grupos paramilitares y su responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia durante la década de 1990.

El proceso judicial integra diversos antecedentes, entre ellos el asesinato de 17 personas en El Aro en 1997. Como parte de la recolección de pruebas, la fiscal Gloria Marcela Abadía citó para el 18 de agosto a Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, exintegrante de las AUC.

La declaración de Soto es objeto de atención, pues previamente denunció presiones del fiscal Álvaro León Polo para testificar contra Uribe a cambio de beneficios judiciales.

La defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, ha solicitado pruebas adicionales para intentar desvincular al expresidente de los hechos. Entre sus estrategias, el equipo legal busca cuestionar la credibilidad de Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos principales del expediente, argumentando que su perfil delictivo como secuestrador invalida su condición de exparamilitar en el marco del proceso.

El expediente también contempla el homicidio de Francisco Villalba, quien en vida señaló al entonces gobernador Uribe por su presunta participación en la masacre de El Aro. Asimismo, la investigación incluye el análisis de la hacienda Guacharacas, vinculada a incidentes de hurto de ganado atribuidos al ELN, y diversas investigaciones disciplinarias contra miembros de la fuerza pública que operaron en la zona durante ese periodo.

La teoría de la gobernanza criminal y la responsabilidad estatal

El análisis de este caso se inscribe en la teoría de la gobernanza criminal, un marco conceptual que examina cómo actores estatales y grupos armados ilegales establecen alianzas para ejercer control territorial y político. Autores como Eduardo Salcedo-Albarán han documentado cómo estas redes de macrocriminalidad no operan por fuera del Estado, sino mediante la infiltración y la captura de instituciones locales, un fenómeno que en Colombia se ha analizado bajo el concepto de parapolítica.

Desde la sociología del conflicto, el caso de las masacres de El Aro y La Granja permite observar la tensión entre la responsabilidad individual y la responsabilidad institucional. La estrategia de la defensa, centrada en la deslegitimación de testigos y la reconstrucción de la narrativa sobre los hechos, se alinea con la teoría del derecho penal del enemigo, donde el litigio se desplaza del hecho fáctico hacia la construcción de la credibilidad de los sujetos procesales. Este enfoque busca fragmentar la narrativa de la responsabilidad sistémica para reducirla a una disputa sobre la veracidad de testimonios específicos.

Históricamente, estos hechos se sitúan en la consolidación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir) durante la década de 1990 en Antioquia. La academia ha señalado que este periodo fue determinante para la expansión del paramilitarismo, al otorgar un marco legal a grupos que, bajo la premisa de la seguridad privada, facilitaron la coordinación entre sectores de la fuerza pública y estructuras paramilitares, alterando la dinámica del conflicto armado interno y afectando directamente a las poblaciones civiles en zonas rurales.

La búsqueda de justicia para las víctimas rurales de Antioquia frente al proceso judicial de Uribe

El avance de este proceso judicial incide directamente sobre las comunidades rurales de Ituango y zonas aledañas, sectores que históricamente han padecido el desplazamiento forzado y la violencia paramilitar. Para estas poblaciones, la diligencia representa un punto de inflexión en su búsqueda de verdad y reparación. La incertidumbre sobre el resultado del proceso, sumada a la dilatación de las fechas judiciales, mantiene a las víctimas en un estado de revictimización, donde la posibilidad de una resolución judicial se percibe como una medida necesaria para el cierre de procesos de duelo colectivo que llevan décadas sin respuesta institucional.

Asimismo, el proceso afecta la seguridad jurídica y la confianza de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las familias de las víctimas. La estrategia de la defensa, centrada en deslegitimar a testigos clave mediante la revisión de sus antecedentes penales, genera un impacto en el tejido social local, ya que puede derivar en la estigmatización de quienes han decidido colaborar con la justicia, exponiéndolos a nuevas dinámicas de riesgo en territorios donde aún persisten estructuras armadas.

¿Quién gana con esto?

• El sistema judicial colombiano, que busca reafirmar su capacidad de procesar figuras de alto perfil político, independientemente de su trayectoria.
• Las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, al obtener un espacio formal para la exposición de pruebas y testimonios que han sido objeto de debate público durante años.
• El espectro político opositor al uribismo, que utiliza el avance de estas investigaciones como un elemento de control político y desgaste de la narrativa de la seguridad democrática.
• La defensa legal del expresidente, al contar con una plataforma procesal para intentar desvirtuar los testimonios que han sostenido la acusación durante años.

La disputa por la credibilidad de los testigos en el caso Uribe

La narrativa dominante en el texto se centra en la agenda procesal y la estrategia de defensa del expresidente. Al destacar el aplazamiento de la indagatoria y las solicitudes probatorias de los abogados, el relato prioriza la gestión técnica del caso sobre la gravedad de los hechos investigados: las masacres de El Aro y La Granja. Esta estructura tiende a equiparar el peso de las acusaciones con la estrategia de desacreditación de testigos, situando el debate en un terreno de confrontación jurídica más que en la búsqueda de verdad histórica para las víctimas.

Las narrativas contrahegemónicas, representadas por las organizaciones de víctimas y sectores que han impulsado la investigación durante décadas, ponen el foco en la responsabilidad política y la posible connivencia estatal con estructuras paramilitares. Mientras la defensa busca deslegitimar a testigos como Juan Guillermo Monsalve bajo la etiqueta de delincuente común, los sectores críticos señalan que esta estrategia busca desviar la atención de los patrones sistemáticos de violencia que ocurrieron bajo la administración departamental de la época.

Se identifican sesgos en la selección de fuentes y el lenguaje: el texto otorga un espacio significativo a la versión de alias 'Lucas', quien denuncia presiones judiciales, sin contrastar este testimonio con los antecedentes de los grupos paramilitares en la zona. La omisión de las voces de las víctimas directas y sus representantes legales invisibiliza el impacto humano del conflicto, reduciendo el proceso a un litigio entre una figura de poder y el sistema judicial. Además, el uso de términos como 'supuesta participación' y 'posible vinculación' mantiene una distancia prudente que, aunque técnicamente correcta en el marco de la presunción de inocencia, diluye la magnitud de las sentencias previas que ya han reconocido la responsabilidad de agentes estatales en estos hechos.

De dónde viene esta información: 2 medios la reportaron

Este artículo fue generado por el sistema editorial automatizado de InfoWeb a partir de información publicada originalmente por Infobae Colombia (ver fuente original) el 16 de agosto de 2026, 04:01.

Esta noticia fue reportada de forma independiente por 2 medios en el mismo periodo: Infobae Colombia y también El Tiempo - Justicia. InfoWeb cruzó la información de todas esas coberturas para esta versión, en vez de basarse en una sola fuente.

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