El presidente De la Espriella confirmó que el Gobierno retomará la fumigación aérea como herramienta para reducir las hectáreas de cultivos de uso ilícito. Según el mandatario, el Estado empleará sustancias químicas que, bajo su criterio, no representan un riesgo para la salud de las comunidades ni para el equilibrio ambiental de las zonas intervenidas.

Esta postura contrasta con los antecedentes judiciales y científicos que motivaron la suspensión de esta práctica en años anteriores. La Corte Constitucional ha condicionado históricamente el uso de herbicidas como el glifosato a la demostración técnica de la ausencia de daños colaterales, un punto que sigue siendo objeto de debate científico y litigio legal en el país.

El anuncio omite detalles sobre los protocolos de seguridad específicos o el tipo de compuesto químico que se utilizaría para reemplazar al glifosato. La falta de claridad técnica sobre cómo se garantizará la inocuidad del proceso deja abierta la interrogante sobre si el plan cuenta con el respaldo de las autoridades sanitarias y ambientales independientes.

La medida afectará principalmente a las regiones rurales con alta presencia de cultivos de coca, donde las comunidades han manifestado históricamente su rechazo a la aspersión por los impactos en sus cultivos de pancoger y el suministro de agua. Hasta el momento, no se ha publicado un cronograma oficial ni el decreto que formalice el inicio de estas operaciones.

La tensión entre seguridad nacional y salud pública en la erradicación

La propuesta de retomar la aspersión aérea se inscribe en la doctrina de la seguridad nacional, la cual prioriza el uso de la fuerza estatal para neutralizar amenazas internas percibidas como desestabilizadoras. Este enfoque, heredero de la Guerra contra las Drogas impulsada por Estados Unidos desde los años 70, interpreta el fenómeno de los cultivos ilícitos como un problema de orden público y control territorial, más que como una falla estructural del desarrollo rural.

Desde la economía política, el debate se centra en la tensión entre la eficacia técnica de la erradicación y las externalidades negativas sobre las poblaciones vulnerables. Autores como James Scott, en su análisis sobre la resistencia de las comunidades rurales, sugieren que las intervenciones estatales que ignoran las condiciones socioeconómicas locales suelen enfrentar procesos de adaptación o desplazamiento de los cultivos hacia zonas de mayor fragilidad ecológica.

Asimismo, la controversia sobre el uso de herbicidas remite a la epidemiología crítica. Esta disciplina cuestiona la neutralidad de los insumos químicos, señalando que la exposición a sustancias como el glifosato genera riesgos acumulativos a largo plazo. La disputa técnica sobre la inocuidad de estos químicos persiste, mientras que el marco de la teoría de la gobernanza sugiere que la falta de concertación con las comunidades afectadas debilita la legitimidad de la política pública, independientemente de su efectividad operativa para reducir el área sembrada.

Riesgos sanitarios y económicos de la fumigación aérea para poblaciones rurales

La reanudación de la fumigación aérea con herbicidas impacta directamente a los pequeños productores agrícolas y a las comunidades rurales que conviven con cultivos de uso ilícito. Aunque el gobierno asegura que los productos químicos no causan daños, la evidencia histórica sobre el uso de glifosato muestra una correlación entre la exposición a químicos y el aumento de enfermedades dermatológicas, respiratorias y gastrointestinales en estas poblaciones.

Los sectores afectados incluyen:

  • Población rural y pequeños productores: La deriva del herbicida, que es el desplazamiento del producto por el viento fuera del área objetivo, contamina fuentes de agua y cultivos de pancoger (alimentos para autoconsumo), lo que compromete la seguridad alimentaria de las familias campesinas a mediano plazo.
  • Comunidades étnicas: Los territorios indígenas y afrodescendientes suelen estar ubicados en zonas de alta biodiversidad donde la fumigación altera los ecosistemas de los cuales dependen sus prácticas tradicionales de subsistencia.
  • Niñez y adolescencia: Este grupo es más vulnerable a los efectos tóxicos residuales en el suelo y el agua, debido a su mayor tasa de absorción y menor desarrollo inmunológico.

Por otro lado, los grandes actores económicos vinculados a la industria química y a la provisión de servicios de fumigación aérea se consolidan como los beneficiarios directos de esta política. Existe incertidumbre sobre la efectividad real de esta estrategia para reducir la oferta de cocaína, dado que la evidencia de años anteriores sugiere que los cultivadores suelen desplazarse a zonas de difícil acceso o aumentar la densidad de siembra en áreas no fumigadas, manteniendo el ciclo de pobreza en las regiones intervenidas.

La disputa sobre la inocuidad de los herbicidas en la erradicación aérea

La narrativa oficial del gobierno se centra en la eficiencia técnica y la seguridad sanitaria. Al presentar la fumigación como una herramienta que no generará daño, el Ejecutivo enmarca la política como una solución neutral y controlada, desplazando el debate desde el impacto socioambiental hacia la capacidad operativa del Estado.

En contraste, organizaciones campesinas, comunidades indígenas y sectores de la academia crítica sostienen una narrativa alternativa. Estos grupos señalan que el uso de herbicidas, independientemente del compuesto, altera los ecosistemas locales, contamina fuentes hídricas y afecta cultivos de pancoger. La discrepancia radica en la definición de daño: mientras el gobierno se limita a la toxicidad aguda en humanos, las comunidades incluyen la seguridad alimentaria y la autonomía territorial en su evaluación de riesgo.

El sesgo principal en la comunicación oficial es la omisión de evidencia científica contradictoria. La afirmación de que el herbicida es inocuo carece de una fuente técnica explícita y desestima los estudios previos sobre los efectos acumulativos de la aspersión. El uso de términos como acabar con los narcocultivos simplifica un fenómeno multicausal, reduciendo la política de drogas a una acción de fuerza y ocultando la ausencia de alternativas económicas para los productores. Persiste la duda sobre qué estudios específicos respaldan la seguridad del producto químico anunciado.

De dónde viene esta información: la nota original de El Tiempo - Justicia

Este artículo fue generado por el sistema editorial automatizado de InfoWeb a partir de información publicada originalmente por El Tiempo - Justicia (ver fuente original) el 8 de agosto de 2026, 00:00.

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