El presidente Abelardo De La Espriella anunció durante su posesión que el gobierno autorizará la explotación de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica, técnica conocida como fracking. Según el mandatario, la medida busca garantizar la seguridad energética del país y mitigar la crisis fiscal. El proyecto se enfocará en los Yacimientos No Convencionales (YNC), con un potencial estimado de 7 mil millones de barriles de petróleo, de los cuales cerca del 57 % se localizarían en el departamento de Santander.

Puerto Wilches ha sido designado como el centro de estas operaciones. Aunque el discurso oficial enfatiza el desarrollo económico, la propuesta plantea desafíos logísticos y ambientales significativos. El plan incluye la rehabilitación de vías terciarias y corredores de transporte hacia Barrancabermeja, además de la modernización de la infraestructura férrea y la mejora en la navegabilidad del río Magdalena. No obstante, el material oficial no detalla los mecanismos específicos para mitigar el impacto ambiental derivado de la alta intensidad logística y técnica que requieren los YNC.

En materia de servicios públicos, el gobierno propone la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para descontaminar la ciénaga de Yirirí, que actualmente recibe vertimientos urbanos. Esta intervención se presenta como una prioridad, junto con la expansión de la oferta de vivienda y agua potable. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cómo se articulará la gestión del recurso hídrico con las necesidades de agua que demanda la fracturación hidráulica.

El Ejecutivo también mencionó la necesidad de reforzar la presencia de la Armada Nacional y el pie de fuerza en la zona, ante el riesgo de un incremento en la actividad delictiva asociado a la reactivación económica. Pese a la mención de diversificar la economía local hacia la agroindustria y el ecoturismo, no se precisaron los presupuestos ni los plazos para estas inversiones alternativas. La viabilidad de este modelo de desarrollo dependerá de la capacidad del Estado para ejecutar las obras de infraestructura prometidas y gestionar los riesgos ambientales en una región con alta vulnerabilidad ecológica.

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