Gobierno colombiano prepara negociación del salario mínimo bajo presión inflacionaria

La definición del salario mínimo para 2027 en Colombia ha iniciado bajo un marco de cautela técnica. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha manifestado su intención de basar el incremento en indicadores como la inflación y la productividad laboral, distanciándose de las alzas sustanciales registradas en periodos anteriores. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que la política salarial debe ser "racional" para proteger el poder adquisitivo sin comprometer la estabilidad de las empresas ni la generación de empleo formal.

El Banco de la República ha advertido en su informe de agosto que un aumento salarial que exceda los niveles de inflación y productividad podría exacerbar los mecanismos de indexación de precios. Esta postura sugiere que el banco central prioriza evitar una mayor persistencia inflacionaria, en un contexto donde factores externos, como el costo de los combustibles y el componente importado del gas, ya ejercen presión sobre el costo de vida.

La negociación se desarrolla bajo la sombra del ajuste de 2026, cuando el entonces presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% ante la falta de consenso con los gremios. Este antecedente marca una diferencia sustancial en la actual concertación, debido a que el punto de partida para el cálculo es considerablemente más alto que en años previos. Aunque no existe una cifra oficial, los escenarios analizados sugieren ajustes cercanos al 5% o 6%, alineados con las proyecciones de inflación.

De concretarse estos incrementos, el salario básico mensual, sin incluir el auxilio de transporte, oscilaría entre 1.838.000 y 1.855.959 pesos. Al sumar el subsidio de transporte vigente de 249.095 pesos, el ingreso total de los trabajadores que perciben el mínimo superaría los 2,08 millones de pesos. La cifra definitiva dependerá de los acuerdos alcanzados en el último trimestre del año entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.