El gobierno de Abelardo De la Espriella, que inició funciones el 7 de agosto, ordenó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil. Los reclusos, quienes mantienen vínculos con procesos de paz, fueron movilizados desde sus centros de reclusión originales hacia establecimientos de alta seguridad en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

Según el comunicado oficial, el objetivo de esta acción es recuperar el control estatal sobre el sistema penitenciario. El Ejecutivo sostiene que la medida pretende impedir que los internos continúen coordinando actividades delictivas desde el interior de las cárceles. El documento asegura que el gobierno ejercerá su autoridad bajo el marco constitucional para evitar que estos centros funcionen como plataformas criminales.

De acuerdo con información divulgada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la mayoría de los trasladados —103 individuos— provenían de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Entre los reubicados se encuentran figuras identificadas por las autoridades como jefes de organizaciones delictivas con presencia en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, tales como Freyner Ramírez García, alias Carlos Pesebre, y Juan Carlos Mesa, conocido como Tom.

La administración actual no ha detallado cómo afectará este movimiento a los compromisos o mesas de negociación de paz vigentes en las que participaban los trasladados. La medida representa el primer cambio administrativo significativo en materia de política carcelaria bajo la nueva presidencia.

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