El personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) solicitó protección urgente al Gobierno nacional tras la reciente orden de trasladar a 117 internos de alta peligrosidad a distintos centros penitenciarios del país. La medida, ejecutada bajo directrices de la jefatura de Estado, ha generado una respuesta negativa por parte de los sindicatos de guardianes, quienes argumentan que no existen condiciones de seguridad suficientes para manejar este tipo de perfiles criminales.

El foco de la controversia se centra en la cárcel Palogordo, ubicada en Girón, Santander, destino de 16 de los reclusos trasladados desde el centro penitenciario de Itagüí, Antioquia. Representantes sindicales señalaron que la decisión se tomó sin evaluar la capacidad operativa ni los riesgos para los uniformados. La preocupación se intensificó tras el asesinato de Efraín Quesada, funcionario que prestaba servicio en Palogordo, un hecho que los trabajadores vinculan directamente con la vulnerabilidad del personal frente a estructuras criminales que mantienen influencia desde el interior de las celdas.

A través de un video difundido en redes sociales, los guardianes del Inpec manifestaron que, si bien poseen la capacidad técnica para cumplir con sus funciones, el poder que conservan estos líderes delictivos en el exterior pone en peligro tanto a los funcionarios como a sus familias. El sindicato sostiene que la administración no consultó las condiciones reales de las cárceles receptoras antes de ejecutar los traslados.

Hasta el momento, las autoridades nacionales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las medidas de protección específicas que se implementarían para los trabajadores. Mientras tanto, el personal penitenciario insiste en que el acompañamiento institucional es insuficiente para garantizar el ejercicio de su labor sin represalias.

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