El traslado de 17 internos desde el centro penitenciario La Paz, en Itagüí, hacia la cárcel de Palogordo, en Girón, ha intensificado las exigencias de seguridad por parte del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Los sindicatos de la institución sostienen que, aunque el cuerpo de custodia posee la capacidad técnica para gestionar a los nuevos reclusos, las condiciones de seguridad actuales son insuficientes para garantizar la integridad de los trabajadores.

Esta solicitud surge en un clima de tensión tras el asesinato del inspector Efraín Quesada Urrego, ocurrido el pasado 6 de agosto. El funcionario fue atacado por desconocidos en motocicleta mientras se desplazaba hacia su lugar de trabajo en la vereda Palogordo. Ante este hecho, las autoridades locales han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del crimen.

Representantes sindicales han sintetizado su reclamo bajo la premisa de que "los guardianes también piden que los cuiden". La preocupación del personal se vincula con la naturaleza de los traslados recientes, que involucran a individuos señalados de liderar estructuras criminales, y con las alertas previas sobre planes de fuga y amenazas detectadas en otros centros de reclusión del país.

El traslado de estos internos forma parte de una serie de movimientos penitenciarios a nivel nacional que han puesto bajo presión a diversas cárceles regionales. Hasta la fecha, el Inpec no ha detallado qué medidas específicas de protección se implementarán para el personal en Girón, mientras persiste la incertidumbre sobre la seguridad en los perímetros externos del centro penitenciario.

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