El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha formalizado la obligatoriedad de portar cámaras corporales para sus agentes durante tareas de campo. Según la directiva, los funcionarios deberán activar los dispositivos en situaciones específicas, tales como detenciones, ejecución de órdenes de registro y atención de emergencias.

La medida busca estandarizar el registro de las actuaciones de los agentes en territorio estadounidense. No obstante, la política interna estipula que la agencia mantendrá la autoridad exclusiva para determinar cuándo y cómo se harán públicas las grabaciones obtenidas. Esta disposición centraliza la gestión de la evidencia visual en la propia institución.

Organizaciones de derechos civiles han señalado que la falta de transparencia en la divulgación de estos archivos podría limitar la rendición de cuentas en casos de uso excesivo de la fuerza. La política actual no detalla mecanismos independientes de supervisión para la revisión de los videos, lo que deja abierta la interrogante sobre el acceso de las personas afectadas o sus representantes legales a las grabaciones en procesos judiciales.

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