El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) inició esta mañana el traslado de 117 internos clasificados como de alto perfil hacia pabellones de máxima seguridad. La medida responde a una directriz emitida por el gobierno de Abelardo De la Espriella, quien busca modificar las condiciones de reclusión de personas vinculadas a procesos de paz con grupos armados.

Aunque el Ejecutivo ha presentado esta acción como una estrategia para retomar el control en los centros penitenciarios, persisten dudas sobre el impacto que este cambio tendrá en los diálogos de paz en curso. La administración no ha detallado aún los criterios técnicos específicos utilizados para seleccionar a los individuos trasladados ni las condiciones bajo las cuales se mantendrán los canales de comunicación con sus delegados.

La medida afecta a personas que, hasta la fecha, gozaban de condiciones diferenciadas debido a su rol en las negociaciones. Organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por la posible vulneración de garantías procesales, mientras que sectores de la opinión pública cuestionan si esta decisión dificultará la continuidad de las conversaciones con las estructuras criminales involucradas.

Hasta el momento, el Inpec no ha publicado la lista completa de los trasladados ni ha confirmado si el proceso se completará en una sola jornada. La falta de transparencia sobre los nombres y los destinos exactos de los internos mantiene en incertidumbre a los equipos jurídicos de los afectados.

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