Tras la conclusión del periodo presidencial de Gustavo Petro, Abelardo De La Espriella asumió la jefatura del Estado el pasado 7 de agosto. Este relevo marca una transición entre dos modelos de gobierno contrapuestos, cuya diferencia principal radica en la concepción del ejercicio del poder y la relación con las instituciones. Mientras la administración saliente priorizó la movilización social y reformas estructurales, el nuevo gobierno ha manifestado una agenda centrada en el orden, la autoridad y el fortalecimiento de la iniciativa privada.

La implementación de estos cambios dependerá de la articulación entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, donde se definirá el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. La transición ocurre en un contexto de polarización política, donde la legitimidad del nuevo mandato no solo depende de su origen electoral, sino de su capacidad para operar bajo los marcos constitucionales. Según la teoría jurídica de Hans Kelsen, la legitimidad de ejercicio se valida mediante actos de gobierno que respeten la separación de poderes y el Estado de derecho.

Persiste la duda sobre cómo el nuevo Ejecutivo gestionará la relación con los sectores que discrepan de su visión ideológica. La Constitución Política define al Presidente como el símbolo de la unidad nacional, lo que implica la obligación de gobernar para la totalidad de la ciudadanía y no únicamente para quienes respaldaron su candidatura. La estabilidad del sistema democrático colombiano dependerá de la capacidad de la nueva administración para evitar la lógica del mayoritarismo y fomentar consensos en temas de interés nacional.

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