Ministerio de Agricultura auditará contratos de la Agencia de Desarrollo Rural

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció una revisión detallada de los contratos suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) durante los días previos al cambio de mando gubernamental. La medida se enfoca específicamente en los compromisos derivados de la Resolución 407, los cuales ascenderían a una cifra superior a los 250.000 millones de pesos.

Dangond calificó de irregular la decisión de la administración de César Pachón de declarar el sábado 8 de agosto como día hábil administrativo. Según el ministro, esta maniobra permitió acelerar procesos contractuales y presupuestales durante el periodo de transición, una acción que el funcionario describió como un uso inadecuado de los recursos públicos.

El ministro expresó especial preocupación por proyectos específicos, incluidos contratos de 70.000 millones para una planta de sacrificio porcino y otros compromisos en el Casanare.

Aunque el ministro vinculó estos movimientos con la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, es necesario precisar que la competencia directa sobre estos fondos y la legalidad de los procesos administrativos de la ADR son el eje central de la disputa actual.

En paralelo, la entidad emitió la Resolución 408, mediante la cual se oficializó el retiro de Jhon Kennedy Wilchez del cargo de vicepresidente de Gestión Contractual. Si bien algunos sectores han sugerido que este movimiento responde a diferencias internas sobre la contratación, el documento oficial se limita a citar la naturaleza de libre nombramiento y remoción del cargo, sin aludir a discrepancias técnicas.

La administración saliente defendió la habilitación del día sábado argumentando que buscaba asegurar la continuidad de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar). No obstante, el ministro Dangond advirtió que cualquier nueva contratación que no sea estrictamente necesaria para el desarrollo nacional será objeto de escrutinio, dejando abierta la posibilidad de declarar insubsistentes a los responsables de estas decisiones.