El municipio de Tumaco, caracterizado por registrar las mayores cifras de cultivos de coca en Colombia, concentra también el mayor número de víctimas por minas antipersonal. En este contexto, grupos de mujeres han asumido la labor de identificar y despejar los artefactos explosivos que han dejado un saldo de 407 personas afectadas en la región.
Las labores de desminado se desarrollan en un entorno de alta complejidad, donde la presencia de grupos armados ilegales persiste. El trabajo de estas mujeres busca reducir el riesgo para las comunidades rurales, que habitualmente transitan por senderos contaminados con dispositivos que limitan la movilidad y el acceso a tierras productivas.
Aunque diversas fuentes señalan a Tumaco como el epicentro de esta crisis, es necesario precisar que la cifra de 407 víctimas corresponde a registros históricos acumulados en el municipio. La persistencia de estos artefactos sigue siendo el principal obstáculo para la seguridad de los habitantes y la recuperación de los territorios afectados por el conflicto armado.
La economía política del territorio y la agencia femenina en zonas de conflicto
La situación en Tumaco puede analizarse desde la teoría de la economía política del conflicto, que examina cómo la disputa por el control de recursos ilícitos —en este caso, los cultivos de uso ilícito— incentiva la fragmentación territorial y el uso de minas antipersonal como herramienta de control poblacional y defensa de activos. Este fenómeno no es un evento aislado, sino una manifestación de lo que autores como Mary Kaldor denominan nuevas guerras, donde la distinción entre combatientes y civiles se desdibuja y la violencia se privatiza para asegurar rentas económicas.
El rol de las mujeres en el desminado y la gestión del riesgo permite aplicar una perspectiva desde los feminismos decoloniales. Este marco teórico cuestiona la división tradicional entre el espacio público (guerra/política) y el privado (cuidado/hogar), evidenciando cómo las mujeres asumen la carga del trabajo reproductivo y de supervivencia en contextos donde el Estado ha sido desplazado por actores armados. La participación de estas mujeres en la remoción de artefactos explosivos desafía la narrativa de la víctima pasiva, situándolas como sujetos políticos que reconstruyen el tejido social en territorios marcados por el abandono institucional y la presencia de economías extractivas.
Históricamente, la persistencia de minas en zonas de alta producción de coca en Colombia responde a una lógica de guerra de posiciones, donde el control del suelo es necesario para garantizar la cadena de suministro. La eficacia de estas labores de limpieza comunitaria depende, en última instancia, de la capacidad de estas organizaciones para negociar su seguridad frente a grupos que mantienen una estructura de poder basada en la coacción armada.
El riesgo desproporcionado de las mujeres rurales en el desminado de Tumaco
La labor de limpieza de minas antipersonal en Tumaco recae sobre mujeres que habitan territorios marcados por la presencia de grupos armados y economías ilícitas. Este trabajo, que debería ser una responsabilidad estatal bajo protocolos internacionales de seguridad, se traslada a la población civil, exponiendo a estas mujeres a riesgos físicos inmediatos y secuelas psicológicas permanentes.
El impacto en este sector es estructural: al asumir tareas de remoción de explosivos, las mujeres ven limitada su capacidad para desarrollar actividades productivas agrícolas o de subsistencia. La inacción estatal en la zona obliga a que la seguridad del territorio dependa de la exposición directa de quienes, paradójicamente, son las principales víctimas del conflicto. La falta de acceso a servicios de salud especializados en zonas rurales profundiza la precariedad ante cualquier accidente derivado de esta actividad.
¿Quién gana con esto?
- El Estado colombiano: al delegar en la comunidad tareas de seguridad y desminado que le corresponden por ley, reduce costos operativos y traslada la responsabilidad de la protección territorial a actores no estatales.
- Actores armados ilegales: la persistencia de minas en el territorio mantiene el control sobre la movilidad de la población y garantiza el aislamiento de ciertas zonas, facilitando el desarrollo de actividades ilícitas sin interferencia externa.
- Organismos de cooperación internacional: las entidades que financian proyectos de desminado humanitario obtienen resultados medibles en hectáreas despejadas, a menudo bajo esquemas de ejecución que dependen del trabajo comunitario no remunerado o precariamente compensado.
La narrativa del heroísmo individual frente a la responsabilidad estatal en Tumaco
La narrativa dominante enmarca la labor de estas mujeres bajo un lente de resiliencia y heroísmo individual. Este enfoque desplaza el foco de la responsabilidad institucional hacia la capacidad de agencia de las víctimas, quienes asumen riesgos letales para subsanar deficiencias en la seguridad pública y el desminado humanitario.
Las narrativas alternativas, provenientes de organizaciones de derechos humanos en la región, cuestionan por qué la limpieza de explosivos recae sobre población civil sin formación técnica ni respaldo estatal. Mientras los medios masivos destacan la valentía, las comunidades locales enfatizan la ausencia de garantías de no repetición y la falta de una política pública efectiva que asegure el territorio.
Se detecta un sesgo de omisión respecto a la cadena de mando y las entidades encargadas del desminado oficial. El texto vincula la presencia de minas con el cultivo de coca, estableciendo una correlación directa que simplifica la dinámica del conflicto. Esta asociación sugiere que la violencia es una consecuencia exclusiva de la economía ilícita, invisibilizando la disputa territorial entre grupos armados por el control estratégico de la zona.
La cifra de 407 afectados se presenta sin un desglose temporal ni una distinción entre víctimas civiles y combatientes. Este dato carece de contexto sobre el periodo que abarca, lo que impide evaluar si la tendencia de accidentes es creciente o si las labores de desminado comunitario han logrado reducir el impacto en los últimos años.
La información presentada en el material original es consistente con los registros oficiales disponibles a la fecha. Según datos de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), Tumaco (Nariño) es históricamente el municipio con mayor número de víctimas por minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) en Colombia, con registros que sitúan la cifra de afectados en torno a los 407-409 casos desde 1990.
Respecto a la situación de los cultivos de uso ilícito, las fuentes confirman que Tumaco continúa siendo uno de los municipios con mayor área sembrada de coca en el país, con reportes recientes que estiman cerca de 31.300 hectáreas a corte de 2024, aunque el gobierno local y nacional han reportado esfuerzos continuos de erradicación y sustitución hacia cultivos lícitos.
La labor de las mujeres desminadoras en la región ha sido documentada por medios nacionales, destacando su rol en el desminado humanitario en zonas rurales complejas. No se detectaron inconsistencias significativas en las cifras ni en el contexto general del relato.
De dónde viene esta información: la nota original de El Tiempo - Justicia
Este artículo fue generado por el sistema editorial automatizado de InfoWeb a partir de información publicada originalmente por El Tiempo - Justicia (ver fuente original) el 11 de agosto de 2026, 08:01.
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