Representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) entregaron una petición formal ante la Cancillería en Caracas. El documento solicita que el Estado autorice el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Andreína Baduel, vocera del grupo, declaró que el objetivo es que estos organismos puedan "constatar las violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los presos políticos".

La solicitud incluye cinco puntos, entre los que destacan la creación de un canal de comunicación directo entre la ONG y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El propósito es reportar casos de desapariciones forzadas y muertes bajo custodia que permanecen sin esclarecer. Asimismo, el CLIPP instó al Gobierno a implementar la Ley de Amnistía, aunque advirtió que el alcance actual de la norma resulta insuficiente al excluir diversos periodos y casos específicos vinculados a operaciones militares.

La situación en el sistema penitenciario venezolano presenta complicaciones adicionales. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que, entre abril y julio de 2026, fallecieron al menos 51 presos comunes, muchos de ellos por enfermedades tratables que no recibieron atención médica. Por su parte, la organización Foro Penal contabilizó 382 personas encarceladas por motivos políticos hasta el 3 de agosto, de las cuales 224 permanecen a la espera de una sentencia judicial.

Existe una discrepancia en la narrativa oficial sobre la apertura a organismos internacionales. Mientras la ONG afirma que la Misión de la ONU ha solicitado acceso sin obtener respuesta, el Estado venezolano no ha emitido una postura oficial sobre la entrada de las organizaciones mencionadas en el documento entregado el viernes.

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