Residentes y colectivos ambientales denunciaron la remoción de vegetación nativa en predios ubicados en los Cerros Orientales de Bogotá. Los propietarios de los terrenos involucrados sostienen que las acciones corresponden a labores de mantenimiento preventivo realizadas de buena fe para evitar riesgos de incendios o deslizamientos.

La Secretaría de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional (CAR) iniciaron inspecciones técnicas para determinar si la intervención cuenta con los permisos necesarios. La normativa vigente exige autorizaciones estrictas para cualquier modificación en esta zona, la cual es considerada una reserva forestal protegida por ley.

Existe una discrepancia sobre el alcance de los daños. Mientras los denunciantes señalan la pérdida de especies arbóreas esenciales para la estabilidad del suelo, los dueños de los predios aseguran que solo retiraron material seco y maleza. Las autoridades aún no han emitido un dictamen definitivo sobre el impacto ecológico real.

Este caso pone de presente la tensión recurrente entre los derechos de propiedad privada y las restricciones ambientales que pesan sobre el borde oriental de la capital. La resolución del conflicto dependerá de los informes técnicos que evalúen si las acciones superaron los límites de la intervención permitida.

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