Dos buses del sistema Transmilenio fueron retirados de circulación el pasado 7 de agosto tras aparecer con grafitis de grandes dimensiones que incluían la frase 'La guerra social es inevitable'. El concejal Juan David Quintero denunció el suceso a través de redes sociales, calificándolo como un acto de desobediencia civil y solicitando un refuerzo en la seguridad del transporte público.

La ejecución de las pintadas ha suscitado cuestionamientos entre los ciudadanos. Diversos usuarios han señalado la complejidad técnica del trabajo, sugiriendo que el tiempo y los recursos necesarios para realizar grafitis de tal magnitud difícilmente coinciden con la operación habitual de un bus en movimiento. Esta discrepancia ha alimentado especulaciones sobre si la intervención ocurrió en los patios de la entidad o bajo condiciones distintas a las reportadas.

El vandalismo en el transporte público conlleva consecuencias operativas directas, como la salida de circulación de los vehículos para reparaciones técnicas, lo que impacta el servicio diario de miles de usuarios. Según la normativa colombiana, estos actos pueden tipificarse como perturbación al servicio de transporte público, delito castigado con penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de posibles sanciones por daño en bien ajeno.

Hasta el momento, la empresa Transmilenio no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente ni ha confirmado la identidad de los responsables. Tampoco existe evidencia que vincule el mensaje con una organización política específica, a pesar de la coincidencia temporal con la posesión presidencial. La falta de claridad sobre cómo se vulneró la seguridad de los buses mantiene abierta la discusión sobre la vigilancia en las instalaciones del sistema.

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