El Gobierno nacional oficializó la declaratoria de desastre nacional tras el sismo que afectó diversas zonas del país. Esta figura jurídica permite al Ejecutivo centralizar la gestión de la emergencia y disponer de mecanismos extraordinarios para la atención de las comunidades damnificadas.

Uno de los cambios principales es la activación de la contratación directa. Según la normativa vigente, las entidades estatales pueden prescindir de los procesos de licitación habituales para adquirir bienes y servicios con mayor rapidez, bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La medida también faculta al Ministerio de Hacienda para realizar traslados presupuestales y asignar partidas adicionales. Estos recursos se destinarán a la reconstrucción de infraestructura crítica y a la entrega de ayudas humanitarias, priorizando a las familias que perdieron sus viviendas o medios de subsistencia.

Aunque la declaratoria facilita la operatividad, persisten dudas sobre la transparencia en el uso de los fondos. La Contraloría General ha anunciado que realizará un seguimiento preventivo a los contratos suscritos bajo esta modalidad para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a las poblaciones más vulnerables.

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