La Agencia Nacional de Tierras (ANT) informó que el gasto en procesos de compra y contratación durante el actual Gobierno asciende a 7 billones de pesos. Pese a esta cifra, los datos oficiales indican que la entrega efectiva de tierras a campesinos y comunidades rurales se sitúa en un 6,6 % respecto a los objetivos planteados.

Existe una discrepancia relevante en la información difundida. Medios como Portafolio atribuyeron a la administración anterior el gasto de 5,1 billones de pesos en compra de tierras. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta: los datos oficiales de la ANT confirman que dicho monto corresponde a la gestión del actual Gobierno, no a la gestión previa.

El análisis de estas cifras revela una desconexión entre la capacidad de gasto de la entidad y su impacto real en la reforma agraria. Mientras la inversión se concentra en la adquisición de activos y contratos operativos, el acceso efectivo a la propiedad por parte de los sectores sociales más vulnerables del campo sigue siendo limitado.

Persiste la duda sobre la eficiencia administrativa de la ANT ante la magnitud de los recursos comprometidos. La brecha entre el presupuesto ejecutado y la cantidad de hectáreas efectivamente formalizadas o entregadas plantea interrogantes sobre los criterios de priorización y la celeridad de los procesos de adjudicación vigentes.

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