El departamento del Tolima enfrenta una crisis ambiental y de seguridad sin precedentes. Desde el 1 de agosto, la región ha registrado múltiples focos de incendio que, según las autoridades, presentan patrones inusuales como la aparición de llamas en línea recta y la reincidencia de fuego en áreas previamente controladas.

La gobernadora Adriana Matiz ha solicitado una investigación exhaustiva ante la sospecha de que estas conflagraciones no sean accidentales.

El delegado departamental de Bomberos, Carlos Yepes, señaló que nunca había observado comportamientos similares en los incendios forestales de la zona. En varios puntos se han hallado elementos con residuos de combustibles.

Adicionalmente, el comandante de la Quinta División del Ejército, general Carlos Ernesto Marmolejo, confirmó el hallazgo de sustancias como brea en los terrenos afectados y reportes ciudadanos sobre personas movilizándose en motocicletas durante el inicio de los focos.

La situación se complica por la coincidencia con hostigamientos armados y amenazas a los equipos de emergencia. En el municipio de Suárez, brigadistas del Ejército fueron intimidados por sujetos que, mediante radio, les ordenaron cesar las labores de extinción bajo la amenaza de ataques con drones.

La gobernadora Matiz vinculó esta serie de eventos con una creciente actividad de grupos disidentes de las FARC, como los frentes Joaquín González y Jerónimo Galeano, que operan en diversas zonas del departamento.

Aunque las autoridades no han confirmado una relación directa entre los grupos armados y el origen de los incendios, el general Marmolejo planteó que la emergencia simultánea podría ser una táctica para dispersar la capacidad de respuesta de la fuerza pública.

Según el mando militar, esto favorecería los intereses de estructuras dedicadas a la minería ilegal, que buscan debilitar el control estatal en áreas estratégicas del sur del Tolima.

Es necesario precisar que, si bien la gobernadora Matiz citó una cifra de 50.000 hectáreas afectadas en el departamento, esta magnitud es una estimación preliminar que aún debe ser contrastada con los reportes técnicos definitivos de las autoridades ambientales. La Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas las indagaciones para determinar las responsabilidades específicas detrás de los daños ecológicos y las acciones violentas reportadas.

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