El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) suscribió un contrato por 9.499 millones de pesos con el Canal TRO, de Santander, bajo el argumento de fortalecer la comunicación institucional y la difusión de sus programas. El convenio, iniciado en febrero de 2026, contempla una vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Documentos analizados indican que, a mediados de año, la entidad ya había ejecutado 8.643 millones de pesos, lo que equivale a cerca del 91 por ciento del presupuesto total en menos de seis meses. La mayor parte de este gasto se concentró entre mayo y julio, coincidiendo con el periodo de campaña presidencial.

El contenido de los productos audiovisuales es el principal punto de controversia. Guiones y materiales producidos incluyen referencias directas al presidente Gustavo Petro y al entonces director del DPS, Mauricio Rodríguez. En algunos apartes, se instruía explícitamente a contrarrestar debates mediáticos y críticas de empresarios u opositores, buscando validar el modelo de gobierno.

Es necesario aclarar una imprecisión presente en el reporte original de Semana: el texto menciona que el Gobierno apostaba por la elección de Iván Cepeda. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que Cepeda no fue candidato presidencial en dicha contienda; la narrativa del oficialismo se centraba en la continuidad de su proyecto político frente a otros aspirantes.

La ejecución acelerada y el enfoque de los mensajes han despertado interrogantes sobre la distinción entre la comunicación pública permitida y la propaganda política financiada con recursos estatales. Los organismos de control deberán determinar si el uso de estos fondos cumplió con los fines misionales de la entidad o si vulneró las normas electorales vigentes.

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