La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional impulsada por el Gobierno nacional. El alto tribunal determinó que el proyecto es constitucional en su estructura general, aunque identificó vicios de procedimiento en la aprobación de nueve artículos específicos.

Ante esta decisión, la Cámara de Representantes dispone de un plazo de 30 días, contados a partir de la notificación oficial, para subsanar los errores legislativos detectados. Estos artículos deberán ser discutidos y votados nuevamente para garantizar su validez jurídica.

Aunque algunos sectores políticos celebraron la decisión como un avance en la protección de los adultos mayores, otros grupos han expresado reservas sobre la sostenibilidad fiscal del sistema a largo plazo. La Corte no ha detallado aún el impacto financiero exacto de los artículos sujetos a corrección.

Es necesario precisar que, contrario a lo difundido por algunos medios que sugirieron una anulación total del proyecto por vicios de forma, la Corte mantuvo el núcleo de la reforma. El proceso legislativo deberá ahora centrarse en la corrección técnica de los puntos señalados para evitar futuras demandas de inconstitucionalidad.

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