Cerca de 40.000 comparendos emitidos mediante fotomultas presentan irregularidades técnicas y procedimentales, según un análisis reciente sobre la operación de estos sistemas de detección electrónica. El reporte señala que los dispositivos podrían haber operado sin cumplir con los requisitos legales exigidos para la validación de infracciones.

Es preciso aclarar una imprecisión presente en reportes iniciales: el abogado Abelardo De La Espriella no ostenta la presidencia de la República, como sugieren algunos titulares, sino que lidera una firma jurídica que ha interpuesto acciones legales contra estas sanciones. La información correcta es que su despacho actúa como parte interesada en la revisión de estos expedientes.

Además de los comparendos cuestionados, las autoridades de tránsito mantienen bajo revisión 12 dispositivos específicos. Estos equipos se encuentran actualmente en un proceso administrativo para revocar su autorización de funcionamiento, debido a posibles deficiencias en su calibración o en la señalización informativa obligatoria para los conductores.

La controversia pone de relieve la falta de uniformidad en la aplicación de sanciones electrónicas en el territorio nacional. Mientras los procesos legales avanzan, persiste la incertidumbre sobre si los ciudadanos afectados por estas 40.000 multas recibirán una devolución de los pagos realizados o si las sanciones serán anuladas de oficio por los organismos de tránsito correspondientes.

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