La Fiscalía General de la Nación aclaró que no ha solicitado formalmente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la implementación de medidas de seguridad para Gabriela Muñoz. Esta precisión surge tras las declaraciones públicas de la joven, cercana al círculo del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que el ente investigador ya había gestionado su protección.

Fuentes del organismo judicial explicaron que, si bien existen denuncias activas por amenazas contra Muñoz, la acción realizada por la entidad consistió únicamente en solicitar una evaluación de su nivel de riesgo. Este procedimiento es el paso administrativo previo para determinar si una persona requiere esquemas de seguridad.

Resulta necesario señalar que la afirmación de Muñoz sobre una solicitud de protección ya cursada ante la UNP no es exacta. La Fiscalía confirmó que el proceso se encuentra en la etapa de análisis de riesgo, un paso distinto a la orden directa de protección que la activista mencionó en sus declaraciones recientes.

El ente investigador mantiene abiertas las indagaciones para identificar el origen de las amenazas denunciadas por la joven. Hasta el momento, no se han reportado avances sobre los responsables de estos actos, mientras el protocolo de evaluación de seguridad sigue su curso institucional.

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