El Gobierno Nacional, bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, activó el Banco de Proyectos de obras por impuestos para atender la emergencia derivada del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026.
Esta medida permite que las empresas privadas dirijan una porción de su impuesto de renta hacia la ejecución directa de proyectos de infraestructura en las zonas afectadas por el sismo.
La iniciativa surge en un contexto de desaceleración económica y ante la necesidad de ajustar el presupuesto nacional para cubrir los gastos de atención a damnificados y enfrentar la crisis energética. El mecanismo busca sortear los tiempos de la contratación estatal tradicional, permitiendo que el sector privado gestione la recuperación de servicios básicos y conectividad vial en las áreas impactadas por el movimiento telúrico.
Este esquema se sustenta en la teoría de la gobernanza colaborativa, donde el Estado delega la ejecución técnica en actores privados bajo la premisa de una mayor eficiencia operativa. Históricamente, este modelo se emplea en situaciones de crisis para acelerar la reconstrucción, aunque su implementación desplaza la gestión de recursos públicos hacia una lógica de asociación público-privada que altera la planeación territorial tradicional.
La rapidez en la ejecución beneficia a las comunidades que requieren restablecer servicios esenciales, pero el modelo conlleva riesgos de desatención en zonas que no ofrecen rentabilidad económica o visibilidad corporativa.
Mientras que las grandes empresas optimizan su flujo de caja y mejoran su imagen pública al financiar estas obras, el Estado reduce la presión sobre su presupuesto directo, trasladando el riesgo de la ejecución técnica a los contribuyentes.
Existe una tensión latente sobre la rendición de cuentas y el control democrático del gasto. Al permitir que el sector privado elija qué proyectos priorizar, el Estado corre el riesgo de subordinar las necesidades sociales reales a los intereses corporativos.
La narrativa oficial destaca la agilidad de esta colaboración, pero omite el costo de oportunidad: los recursos destinados a estas obras dejan de ingresar al fisco para financiar otros programas sociales que no tienen un atractivo comercial directo.
La falta de supervisión comunitaria en la selección de las intervenciones plantea dudas sobre la equidad en la reconstrucción. En lugar de una planeación centralizada que garantice derechos fundamentales, el mecanismo favorece una gestión fragmentada donde la infraestructura se convierte en un activo de beneficio mutuo entre el Gobierno y los gremios de la construcción, dejando en segundo plano la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio.
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