El Gobierno nacional ejecutó 125.174 millones de pesos en el marco de la política de Paz Total. Estos recursos se destinaron principalmente a la logística de las mesas de negociación con grupos armados y bandas urbanas, sin que hasta la fecha se hayan concretado acuerdos finales ni el desmantelamiento de las estructuras criminales.

La mayor parte del presupuesto se concentró en servicios de transporte aéreo y esquemas de protección para los integrantes de las delegaciones de paz. Estos rubros fueron los más elevados durante el tiempo que estuvieron activos los acercamientos con las diversas organizaciones involucradas en el proceso.

Aunque algunos sectores han cuestionado la eficiencia de esta inversión, es necesario precisar que la cifra no refleja un gasto único, sino una acumulación de costos operativos durante la vigencia de los diálogos. El Ejecutivo ha iniciado recientemente el desmonte de varias de estas mesas, marcando un cambio en la estrategia de seguridad.

Persisten dudas sobre la efectividad de los mecanismos de verificación implementados durante este periodo. Mientras el Gobierno justifica el gasto como una medida necesaria para intentar la reducción de la violencia, la falta de resultados tangibles en el desarme de los grupos armados genera incertidumbre sobre el impacto real de estos recursos en las comunidades afectadas por el conflicto.

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