La Corte Constitucional declaró exequible el núcleo de la reforma pensional, permitiendo que el Estado gestione las pensiones hasta un tope de 2,3 salarios mínimos. Aunque el fallo otorga un plazo de 30 días hábiles a la Cámara de Representantes para debatir proposiciones pendientes, la estructura central del proyecto se mantiene firme para entrar en vigor en abril de 2027.

Ante este escenario, el expresidente Álvaro Uribe manifestó su rechazo al modelo aprobado. Uribe sostuvo que la nueva ley perjudica el ahorro privado y traslada la mayoría de los nuevos ingresos al sistema público.

Contrario a lo que afirmó el exmandatario sobre la eliminación de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs) en la nueva ley, el texto aprobado mantiene y fortalece este componente para quienes no alcanzan los requisitos de pensión, desmintiendo la idea de su desaparición total.

La propuesta de Uribe consiste en establecer un sistema único de capitalización individual gestionado por fondos privados. Bajo este esquema, el actual sistema de prima media estatal dejaría de recibir nuevos afiliados o traslados, limitándose a atender a los trabajadores ya vinculados hasta su extinción gradual. El expresidente sugirió que los fondos privados podrían otorgar créditos especiales para cubrir el déficit histórico de Colpensiones.

Finalmente, Uribe planteó que los subsidios para el programa del Adulto Mayor deben financiarse exclusivamente mediante el presupuesto nacional. Su postura enfatiza la necesidad de reducir el gasto público y fomentar la inversión privada como eje central, en contraposición al modelo de pilares que el Gobierno nacional busca implementar para ampliar la cobertura en sectores vulnerables.

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