La expedición de pasaportes en Colombia atraviesa un periodo de inestabilidad administrativa. La Contraloría General ha emitido alertas sobre posibles riesgos financieros y operativos derivados de las recientes decisiones en la gestión de los contratos para la elaboración de estos documentos.

El organismo de control fiscal señala que los cambios en los esquemas de contratación han generado vacíos en la continuidad del servicio. Esta situación afecta directamente a los ciudadanos, quienes enfrentan demoras en la obtención de su documentación de viaje.

En paralelo, el Consejo de Estado mantiene bajo revisión procesos judiciales que involucran a la Cancillería y a proveedores privados. La resolución de estos litigios definirá si el modelo actual de producción se mantiene o si el Estado debe implementar un esquema de transición urgente para evitar una parálisis total.

Aunque algunos sectores sugirieron que la interrupción del servicio era inminente, los datos disponibles indican que, hasta el momento, la Cancillería mantiene la operatividad bajo medidas temporales. Persiste la duda sobre la capacidad logística para atender la demanda nacional en los próximos meses si los fallos judiciales no favorecen la actual estructura contractual.

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