Tras sus primeros treinta días de mandato, el presidente Abelardo De La Espriella ha configurado una coalición legislativa que agrupa a la mayoría de los partidos políticos. Esta estructura le otorga un margen de maniobra para impulsar sus iniciativas en el Congreso durante el inicio de su periodo.

La administración ha priorizado la construcción de acuerdos con el sector empresarial y los gremios económicos. Según reportes oficiales, este acercamiento busca estabilizar las expectativas del mercado tras el cambio de mando, aunque diversos analistas señalan que la efectividad de estos pactos aún está por demostrarse en la ejecución presupuestal.

En el ámbito judicial, la relación con las altas cortes se mantiene en términos de diálogo institucional. A diferencia de administraciones anteriores, el Ejecutivo ha evitado confrontaciones públicas con el poder judicial, optando por una comunicación constante con los magistrados para discutir la agenda legislativa.

Por su parte, la coordinación con los gobernadores ha sido un punto central de la agenda regional. El gobierno ha convocado mesas de trabajo para descentralizar la inversión pública, un aspecto que los mandatarios locales han recibido con expectativa ante las promesas de mayor autonomía fiscal para sus territorios.

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