El Gobierno nacional evalúa ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor anual que se reconoce por cada afiliado al sistema de salud, con un incremento proyectado entre el 12% y el 13%. Esta cifra busca responder a las presiones financieras que enfrentan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.

Es necesario aclarar una imprecisión presente en diversas notas de prensa: la exministra de Salud, Carolina Corcho, ahora senadora por el Pacto Histórico en la tendencia Ni un paso atrás, no ha sido la única voz en este debate. Medios como El Tiempo atribuyen la propuesta a la ministra Ana María Vesga y su equipo de trabajo.

Analistas del sector señalan que el incremento debe considerar la inflación médica, el aumento en la frecuencia de uso de servicios y la deuda acumulada por presupuestos máximos. Mientras los gremios insisten en que el ajuste debe ser superior para evitar el colapso de la red prestadora, el Ministerio sostiene que el cálculo debe basarse en un uso eficiente de los recursos existentes.

La falta de un acuerdo definitivo mantiene en incertidumbre a los pacientes, especialmente a quienes requieren medicamentos de alto costo o procedimientos especializados. La sostenibilidad del sistema depende de una cifra que logre equilibrar el déficit presupuestal con la capacidad fiscal del Estado para el próximo periodo.

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