Anuncian propuesta de reforma al Código de Tránsito en Colombia

El abogado Abelardo de la Espriella anunció que trabaja junto al Ministerio de Transporte en una reforma integral al Código Nacional de Tránsito. La iniciativa busca modificar el esquema actual de sanciones, trámites y costos asociados a la movilidad, bajo el argumento de que la normativa vigente resulta excesiva para el presupuesto de los ciudadanos.

Es necesario precisar una corrección fundamental sobre el origen de este anuncio: diversos reportes, incluyendo el de Infobae, atribuyeron erróneamente el cargo de presidente de la República a Abelardo de la Espriella. Esta información es falsa, ya que De la Espriella no ostenta la jefatura del Estado colombiano.

La propuesta, según lo expuesto por el abogado tras un encuentro en Barranquilla, pretende reducir los costos derivados de infracciones, intereses, servicios de grúa y parqueaderos. El objetivo declarado es evitar que las sanciones se conviertan en una carga económica desproporcionada que comprometa el sustento de las familias que dependen de sus vehículos.

El plan contempla ajustes en los valores del RUNT y el SIMIT, así como una reducción en el precio de los cursos pedagógicos. Asimismo, se plantea extender la vigencia de las licencias de conducción y ajustar los plazos para la revisión técnico-mecánica, aunque no se han detallado las nuevas tarifas ni los tiempos exactos de estos cambios.

Por el momento, los anuncios se mantienen como una propuesta en etapa de construcción. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, tiene la instrucción de desarrollar el articulado, por lo que las condiciones y costos del sistema vial permanecen sin variaciones legales hasta que el proyecto sea formalizado y tramitado ante las instancias correspondientes.

Desregulación administrativa y el debate sobre el Estado garante

La propuesta de reforma al Código Nacional de Tránsito se inscribe en la tensión entre la teoría de la gobernanza y la crítica a la burocracia estatal. Desde una perspectiva de elección pública (public choice), el anuncio cuestiona la eficiencia de los costos transaccionales impuestos por el Estado, argumentando que la actual normativa funciona más como un mecanismo de extracción de rentas que como un instrumento de seguridad vial.

Históricamente, la regulación del tránsito en Colombia ha seguido un modelo de institucionalismo normativo, donde la norma busca estandarizar comportamientos mediante sanciones punitivas. El giro propuesto por el Gobierno sugiere una transición hacia una lógica de desregulación administrativa, buscando reducir la carga impositiva indirecta. Este enfoque se alinea con debates sobre la simplificación de trámites, un concepto central en la teoría de la simplificación administrativa, que postula que la excesiva regulación desincentiva la formalidad y afecta la equidad en el acceso a la movilidad. La disputa teórica radica en si la reducción de costos y la flexibilización de plazos (como en la revisión técnico-mecánica) logran mantener los estándares de seguridad pública o si, por el contrario, debilitan la capacidad de control del Estado sobre externalidades negativas como la siniestralidad vial.

Alivio económico para conductores informales y sectores de ingresos medios

La reforma impacta principalmente a los trabajadores del sector informal y a los propietarios de vehículos de gama media y baja, quienes dependen de sus medios de transporte para la subsistencia diaria. Para este grupo, la acumulación de intereses, costos de patios y grúas representa una amenaza directa a su estabilidad financiera. La extensión de la vigencia de licencias y la reducción de costos en trámites como el RUNT y SIMIT actúan como una medida de alivio al ingreso disponible de los hogares.

Por otro lado, la flexibilización de los plazos para la revisión técnico-mecánica podría tener un impacto ambivalente: mientras reduce el gasto recurrente para el ciudadano, existe el riesgo de un incremento en la circulación de vehículos con deficiencias mecánicas, lo que afectaría la seguridad de peatones y ciclistas, actores que suelen ser los más vulnerables en la pirámide de movilidad urbana.

Actores beneficiados:

• Conductores de plataformas y transporte informal: Reducción de costos operativos y de sanciones que actualmente comprometen su liquidez.
• Gremios de propietarios de vehículos: Menor presión financiera por trámites recurrentes.
• Administración gubernamental: Obtención de capital político al capitalizar el descontento ciudadano frente a los costos de los servicios de tránsito.

La dicotomía entre el alivio al bolsillo y la seguridad vial

La narrativa dominante, impulsada por el Ejecutivo, enmarca la reforma bajo el concepto de justicia económica. El lenguaje utilizado por el presidente De la Espriella —al calificar las multas como una condena económica y el sistema actual como un negocio— busca posicionar la medida como una acción de protección frente a un sistema percibido como depredador. Este encuadre simplifica la complejidad del sistema de tránsito al presentarlo como una confrontación entre el ciudadano y una burocracia ineficiente.

En contraste, las narrativas alternativas, que aún no han ganado tracción mediática, provienen de sectores académicos y expertos en movilidad. Estos actores advierten sobre el riesgo de un sesgo de omisión en el anuncio: al enfocarse exclusivamente en la reducción de costos, el discurso gubernamental evita profundizar en cómo se compensará la eventual pérdida de rigor en el control vial o el impacto en la siniestralidad. Existe un sesgo de selección en la información presentada, ya que el Gobierno omite datos sobre la sostenibilidad financiera de los entes de tránsito locales, que dependen de los ingresos por multas y trámites. La falta de cifras concretas sobre la nueva vigencia de licencias o los costos reducidos permite que el anuncio sea interpretado como una promesa política de alto impacto, pero de ejecución técnica incierta.

De dónde viene esta información: 3 medios la reportaron

Este artículo fue generado por el sistema editorial automatizado de InfoWeb a partir de información publicada originalmente por Infobae Colombia (ver fuente original) el 30 de agosto de 2026, 08:22.

Esta noticia fue reportada de forma independiente por 3 medios en el mismo periodo: Infobae Colombia y también Infobae (internacional), La FM. InfoWeb cruzó la información de todas esas coberturas para esta versión, en vez de basarse en una sola fuente.

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