La defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según su abogado, José Luis Moreno, el exfuncionario enfrenta presiones e interferencias que atribuyen directamente al expresidente Gustavo Petro, con el fin de obstaculizar su colaboración con la justicia.
El equipo jurídico sostiene que López es objeto de amedrentamiento debido a la información que ha entregado sobre altos funcionarios y congresistas. Moreno afirmó que estas acciones buscan silenciar a su cliente, quien actualmente busca una sentencia anticipada tras aceptar su responsabilidad en delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
Más allá de las acusaciones políticas, la defensa reportó intimidaciones directas de grupos armados ilegales. Según el abogado, individuos habrían vulnerado el esquema de seguridad de la residencia de López para advertirle que, de continuar declarando, el siguiente paso sería un atentado con explosivos. Estos hechos ya fueron notificados a la Fiscalía General de la Nación.
El proceso judicial de López atraviesa una etapa compleja tras la anulación de un preacuerdo inicial por parte del Tribunal Superior de Bogotá. La magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano rechazó el pacto original al considerar insuficiente la multa propuesta y exigir mayor claridad sobre los recursos desviados hacia terceros, un punto que sigue bajo escrutinio judicial.
Mientras se espera la lectura de sentencia para el 14 de diciembre, la defensa insiste en que el contexto de seguridad del testigo es crítico. Además de las amenazas físicas, el abogado denunció ataques informáticos y la manipulación de archivos digitales, hechos que, según asegura, han sido documentados junto a los investigadores del caso.
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