La Defensoría del Pueblo ha registrado 1.173 casos de reclutamiento forzado de menores de edad en el transcurso de 2024. La entidad sostiene que esta cifra representa únicamente una parte de la realidad, ya que existe un subregistro significativo debido al miedo de las familias a denunciar y a la falta de presencia estatal en áreas rurales.

El informe señala que grupos armados ilegales utilizan a niños y niñas como escudos humanos en sus operaciones. Esta práctica expone a los menores a riesgos directos en medio de las hostilidades y vulnera sus derechos fundamentales, obligándolos a participar en dinámicas de guerra que comprometen su integridad física y psicológica.

Si bien el reporte inicial de El Tiempo menciona la cifra de 1.173 casos, es preciso señalar que la magnitud del fenómeno es difícil de precisar con exactitud. La Defensoría admite que la cifra oficial no refleja la totalidad de los eventos reportados por las comunidades en los territorios más afectados por el conflicto.

La entidad ha solicitado al Gobierno reforzar las estrategias de prevención en las zonas donde la presencia de grupos armados es constante. La protección de los menores en estos entornos sigue siendo un desafío, dado que las medidas actuales no han logrado detener el uso de la infancia como herramienta de control territorial.

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