La Fiscalía General de la Nación confirmó que no trasladará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el expediente que vincula al expresidente Álvaro Uribe Vélez con las masacres de El Aro y La Granja. La entidad sostiene que, al no existir un consenso sobre la competencia judicial, el caso debe ser resuelto por la Corte Constitucional.

El conflicto surgió a raíz de interpretaciones contrapuestas sobre si los hechos investigados, ocurridos en la década de los noventa, deben ser juzgados bajo el fuero constitucional del exmandatario o por la justicia ordinaria. La Fiscalía optó por mantener la titularidad del proceso mientras el alto tribunal dirime el conflicto de competencias.

Es necesario precisar que algunas versiones periodísticas iniciales sugirieron que la Fiscalía ya había tomado una decisión definitiva sobre el fondo del proceso. Sin embargo, esto es inexacto: el ente acusador únicamente ha definido el procedimiento administrativo para resolver quién es el juez competente, sin pronunciarse aún sobre la responsabilidad penal del investigado en estos crímenes.

Las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en el departamento de Antioquia, han sido objeto de múltiples procesos judiciales durante años. La decisión de la Corte Constitucional determinará el curso legal definitivo de esta investigación, un paso que las organizaciones de víctimas consideran determinante para acceder a la verdad sobre la participación de agentes estatales y terceros en los hechos.

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