El Ejecutivo colombiano prepara la derogatoria de un decreto que obligaba a los fondos privados de pensiones a mantener la mayor parte de sus inversiones dentro del país. Esta medida, implementada por la administración anterior, buscaba la repatriación de aproximadamente 125 billones de pesos en un periodo de cinco años.

La decisión responde a las críticas del sector financiero, que argumentaba que la norma limitaba la diversificación de los portafolios y afectaba la rentabilidad de los ahorros de los afiliados. El Banco de la República había señalado previamente que la expectativa de entrada de estos capitales influyó en la fluctuación del precio del dólar.

Es necesario precisar una corrección sobre la gestión de esta política: si bien el material original menciona a Abelardo de la Espriella como el actual jefe de Estado, la información verificada indica que el presidente de Colombia es Gustavo Petro; la atribución al primero resulta falsa.

La revisión de este decreto forma parte de una agenda más amplia de ajuste fiscal liderada por el Ministerio de Hacienda.

Además de la repatriación de capitales, el Gobierno evalúa revertir otras dos medidas heredadas. La primera se refiere al seguro de deslizamiento del salario mínimo, cuya gestión previa generó dudas sobre la sostenibilidad del sistema previsional. La segunda involucra la transferencia de hasta 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones, derivada de los traslados exprés.

La administración actual sostiene que estas revisiones buscan devolver autonomía técnica a la gestión de los ahorros y reducir riesgos para el sistema pensional. El Ministerio de Hacienda deberá ahora definir cómo equilibrar estas modificaciones con las presiones del presupuesto nacional y las demandas del sector empresarial frente a la estabilidad del mercado.

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