El Ministerio de Transporte anunció una revisión técnica y jurídica del sistema de fotomultas vigente en el país. La medida busca evaluar la eficacia de los dispositivos de detección electrónica y la transparencia en el manejo de los recursos recaudados por concepto de infracciones de tránsito.

Es necesario precisar que el origen de esta revisión no responde a una orden del abogado Abelardo De la Espriella, como sugirieron algunas versiones erróneas difundidas recientemente. La regulación de este sistema es competencia exclusiva del Ministerio de Transporte y las autoridades locales, y no está bajo la dirección de dicha figura privada.

La Superintendencia de Transporte ha señalado previamente inconsistencias en la implementación de estos mecanismos. Diversos sectores políticos han cuestionado que el modelo actual priorice el recaudo económico sobre el propósito preventivo de mejorar la seguridad vial, afectando principalmente a los conductores particulares.

La revisión se centrará en verificar si los contratos de concesión actuales cumplen con la normativa nacional. El Ministerio deberá determinar si las cámaras están ubicadas en puntos críticos de accidentalidad o si, por el contrario, responden a una estrategia de captación de ingresos sin impacto real en la reducción de siniestros.

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