La Rama Judicial emitió un pronunciamiento oficial ante las denuncias sobre un posible favorecimiento en la contratación de su Administradora de Riesgos Laborales (ARL). Los señalamientos surgieron en el marco del proceso de elección de la nueva directora de la Unidad de Administración Judicial, generando cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de proveedores.

La institución negó haber direccionado el contrato hacia una firma específica. Según la entidad, el proceso se rigió por los marcos legales vigentes y los criterios técnicos exigidos para la cobertura de riesgos laborales de sus funcionarios. La administración sostiene que los términos de referencia fueron públicos y abiertos a la libre concurrencia.

No obstante, la denuncia original sugería que ciertas condiciones técnicas habrían sido ajustadas para beneficiar a un proponente particular. La Rama Judicial desestimó esta versión, calificándola de infundada, y afirmó que los requisitos establecidos responden únicamente a estándares de seguridad y salud en el trabajo.

Persiste la duda sobre si los mecanismos de supervisión actuales son suficientes para evitar conflictos de interés en procesos de alta cuantía. La entidad no ha detallado si abrirá una auditoría interna para revisar la trazabilidad de esta adjudicación específica.

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