Un vehículo cargado con explosivos detonó en el área metropolitana de Cúcuta, marcando el segundo incidente de esta naturaleza en la región en los últimos treinta días. El suceso ocurre tras el ataque registrado el mes anterior contra instalaciones de la Policía Nacional.

La Defensoría del Pueblo rechazó el acto mediante un comunicado oficial. La entidad enfatizó que el derecho internacional humanitario no debe ser utilizado para justificar objetivos militares, calificando el uso de explosivos en zonas pobladas como una violación a los principios de distinción y precaución.

Aunque las autoridades locales han iniciado las investigaciones para determinar la autoría del atentado, hasta el momento no se han reportado grupos específicos que hayan reivindicado el hecho. La falta de información precisa sobre los responsables mantiene la incertidumbre en las comunidades aledañas al lugar de la explosión.

El impacto de estos ataques recae principalmente sobre la población civil, que enfrenta riesgos constantes por la presencia de grupos armados en la zona de frontera. La Defensoría reiteró su llamado a los actores armados para que excluyan a los civiles de sus hostilidades y respeten los protocolos internacionales vigentes.

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