Los operadores de telefonía móvil han identificado 14.097 llamadas con fines extorsivos originadas desde centros penitenciarios en lo que va de 2025. Esta cifra, confirmada por el instituto penitenciario, equivale a un promedio de una comunicación ilegal por hora.

Es necesario aclarar una imprecisión presente en los reportes iniciales sobre este fenómeno. Algunos medios han sugerido que el control de estas señales es responsabilidad exclusiva de las empresas de telecomunicaciones; sin embargo, la normativa vigente establece que la obligación de bloquear estas comunicaciones recae en el Estado mediante la instalación de inhibidores de señal en los centros de reclusión.

La persistencia de estas llamadas evidencia una falla técnica en los sistemas de bloqueo actuales. Mientras las autoridades reportan las alertas generadas por los operadores, los sectores sociales más vulnerables continúan siendo los principales receptores de estas amenazas, lo que genera un impacto directo en la seguridad ciudadana y la economía de los hogares afectados.

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