Unidades de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación intervinieron 11 puntos de explotación minera ilegal en zona rural del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. El operativo se enfocó en desarticular la infraestructura utilizada para la extracción ilícita de metales preciosos.

Según el informe oficial, estas unidades productivas generaban ingresos mensuales estimados en 2.000 millones de pesos. Las autoridades atribuyen el control de estas actividades al Clan del Golfo, grupo armado que utiliza la minería como una de sus fuentes principales de financiación en la región.

Durante la diligencia, se procedió a la destrucción de maquinaria pesada empleada en el proceso de extracción. Esta intervención busca reducir el impacto ambiental en las fuentes hídricas locales, las cuales sufren daños severos por el uso de mercurio y la remoción de sedimentos en los lechos de los ríos.

Persiste, no obstante, la preocupación sobre el impacto socioeconómico en las comunidades locales, donde la minería informal suele ser la única fuente de subsistencia para familias en situación de vulnerabilidad. El Estado no ha detallado medidas de sustitución económica para los trabajadores que dependían de estas unidades intervenidas.

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