Persiste crisis humanitaria en La Guajira: Corte Constitucional evalúa avances en el ECI

La Corte Constitucional inició una audiencia pública para evaluar el cumplimiento de las medidas ordenadas para superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el departamento de La Guajira.

Durante la sesión, se expuso que la tasa de mortalidad infantil en la región es 8,3 veces superior al promedio nacional, una cifra que evidencia la falta de resultados efectivos en las políticas de atención estatal para el pueblo wayuú.

Este mecanismo judicial, utilizado por el tribunal desde 2004, responde a fallas estructurales donde la vulneración de derechos fundamentales no es un evento aislado, sino una condición persistente del aparato administrativo.

La intervención de la Corte busca forzar una respuesta estatal que supere la inoperancia histórica, aunque los datos actuales señalan que la brecha entre las órdenes judiciales y la realidad en el territorio sigue siendo profunda.

El impacto de esta crisis recae mayoritariamente sobre la niñez y las mujeres cuidadoras, quienes enfrentan la precariedad en un entorno de escasez extrema. La falta de acceso a agua potable, agravada por la sequía y la gestión de recursos hídricos, funciona como un vector principal de desnutrición y enfermedades prevenibles.

Mientras tanto, la administración del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta el reto de gestionar estos indicadores en un contexto de desaceleración económica y presión presupuestaria tras el sismo de agosto de 2026.

Detrás de esta situación subyace un modelo de desarrollo regional históricamente extractivista, que ha priorizado la explotación de recursos sobre la garantía de servicios básicos. Esta dinámica ha beneficiado a contratistas e intermediarios que gestionan programas de salud y alimentación con resultados limitados, mientras las administraciones locales delegan su responsabilidad en las directrices de la Corte, diluyendo la rendición de cuentas directa ante las comunidades.

La narrativa mediática sobre La Guajira suele presentar el problema como una tragedia técnica o de gestión, omitiendo las decisiones políticas que sostienen el abandono estatal.

Al reducir la crisis a una comparación estadística con la media nacional, se corre el riesgo de despolitizar la violación de derechos colectivos y ocultar las particularidades culturales del pueblo wayuú, que reclama una atención que respete sus formas de vida y su soberanía alimentaria.

La persistencia de estas condiciones cuestiona la eficacia de las intervenciones judiciales frente a un modelo económico que, lejos de integrar a las comunidades, las margina de los beneficios del desarrollo.

La audiencia de verificación deja abierta la interrogante sobre si el Estado logrará ajustar su capacidad operativa para garantizar la supervivencia básica en una región donde la dignidad humana sigue supeditada a intereses ajenos a su población.