La Procuraduría General de la Nación inició procesos disciplinarios contra exfuncionarios del Gobierno actual. El organismo investiga presuntas irregularidades en la administración y supervisión de diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS), más allá del caso específico de la Nueva EPS.

El ente de control busca esclarecer si las decisiones tomadas por los exfuncionarios derivaron en un deterioro del servicio. Según la Procuraduría, existen informes técnicos que advierten sobre fallas en la atención a los usuarios, lo cual habría afectado el acceso efectivo a tratamientos y medicamentos.

Aunque el foco principal ha sido la intervención de la Nueva EPS, las nuevas pesquisas abarcan a otras entidades del sector. El Ministerio Público deberá establecer si las omisiones o acciones de los funcionarios investigados constituyen una falta disciplinaria bajo el marco legal vigente.

Hasta el momento, los implicados no han emitido una respuesta pública detallada sobre estas acusaciones. La investigación se encuentra en etapa de recolección de pruebas para determinar si las deficiencias reportadas son producto de una mala gestión administrativa o de factores externos del sistema de salud.

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