El senador Enrique Gómez presentó dos proposiciones ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes para modificar el presupuesto del sector justicia. La iniciativa propone trasladar 100.000 millones de pesos, actualmente asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hacia el Consejo Superior de la Judicatura.

El objetivo del traslado, según Gómez, es financiar la creación de nuevos despachos judiciales y formalizar cargos en la planta de personal. El congresista argumentó que la justicia ordinaria enfrenta un rezago acumulado de aproximadamente 2,2 millones de procesos, una cifra que, según su análisis, se incrementó durante la administración de Gustavo Petro debido a la crisis del sistema de salud.

El senador calificó los resultados de la JEP como limitados y cuestionó el costo operativo de la entidad, al que cifró en cuatro billones de pesos. La propuesta requiere ahora del aval del Ministerio de Hacienda y de la aprobación del Congreso para proceder con la reasignación de los fondos.

El presidente Abelardo De la Espriella manifestó su apoyo a la medida a través de su cuenta de X, donde escribió: "¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!". La administración actual ha mantenido una postura crítica frente al funcionamiento de la justicia transicional, contrastando esta con la operatividad de la rama judicial ordinaria.

Es necesario precisar que, si bien el senador Gómez atribuye el aumento en la carga procesal exclusivamente a la gestión del gobierno anterior, diversos analistas señalan que la congestión judicial es un fenómeno estructural que precede a la crisis del sector salud. El debate sobre la viabilidad de este recorte presupuestario continúa abierto en el legislativo.

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