Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reside actualmente en Montería tras su deportación desde Estados Unidos a inicios de 2024. Su presencia en la capital de Córdoba se enmarca en el cumplimiento de requerimientos judiciales pendientes en el país.

Recientemente, Mancuso rindió testimonio en el proceso penal que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja. La diligencia buscaba esclarecer la participación de actores estatales y privados en estos hechos ocurridos en la década de los noventa.

Aunque algunos sectores han señalado que su estancia en Montería responde a una libertad condicionada plena, esta información resulta imprecisa. El exjefe paramilitar se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad y sujeto a las disposiciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la justicia ordinaria, las cuales determinan sus restricciones de movilidad.

La situación jurídica de Mancuso continúa en disputa. Mientras su defensa argumenta que su colaboración con la verdad justifica beneficios procesales, las víctimas del conflicto exigen que su permanencia en el territorio no obstaculice los procesos de reparación integral y el esclarecimiento de la verdad sobre las estructuras paramilitares.

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