El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió una alerta ante la circulación de mensajes fraudulentos que solicitan dinero en nombre de la institución. Estos intentos de estafa han surgido a raíz de las campañas de solidaridad organizadas tras el reciente sismo.

La entidad aclaró que no realiza solicitudes de donaciones económicas mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o redes sociales. El ICBF enfatizó que sus canales de atención no incluyen la gestión de transferencias monetarias directas por parte de particulares.

Es necesario verificar la autenticidad de cualquier convocatoria antes de realizar un aporte. Las autoridades recomiendan dirigirse únicamente a los sitios web oficiales de las organizaciones humanitarias reconocidas y evitar proporcionar datos personales en plataformas que no cuenten con protocolos de seguridad verificables.

En caso de recibir una solicitud sospechosa, el ICBF exhorta a la ciudadanía a denunciar el hecho ante las autoridades competentes. La prevención es el mecanismo principal para evitar que los recursos destinados a la ayuda humanitaria sean desviados por redes de fraude.

La economía del comportamiento y la arquitectura de la decisión en emergencias

El fenómeno de las estafas tras desastres naturales puede analizarse desde la economía del comportamiento, específicamente a través del concepto de arquitectura de la decisión propuesto por Richard Thaler y Cass Sunstein. En situaciones de crisis, los individuos experimentan una carga cognitiva elevada que altera sus procesos de toma de decisiones, volviéndolos más susceptibles a sesgos como el de urgencia emocional.

Este comportamiento se explica mediante la teoría de los dos sistemas de Daniel Kahneman: el Sistema 1 (rápido e intuitivo) toma el control sobre el Sistema 2 (lento y analítico), lo que facilita que actores malintencionados exploten la disposición altruista de la población. La confianza, entendida en la teoría institucional como un bien público que reduce los costos de transacción en la acción colectiva, es instrumentalizada por los estafadores para suplantar la legitimidad de entidades estatales como el ICBF.

Históricamente, la respuesta ante emergencias muestra que la falta de canales de información centralizados y verificables permite que la asimetría de información sea utilizada para extraer rentas ilícitas. La prevención de estos delitos no depende solo de la vigilancia policial, sino de la implementación de protocolos que reduzcan la fricción en la verificación de datos, permitiendo que el donante retorne a un modo de procesamiento analítico antes de ejecutar la transacción económica.

Estafas tras el sismo: el riesgo para quienes buscan ayudar y las víctimas

La proliferación de fraudes que utilizan el nombre de instituciones públicas, como el ICBF, impacta directamente a dos grupos poblacionales con dinámicas distintas:

  • Personas en situación de pobreza o vulnerabilidad extrema: Las víctimas directas del sismo pierden el acceso a recursos de ayuda humanitaria que son desviados por delincuentes. La incertidumbre sobre la llegada de suministros reales genera una desconfianza que puede frenar la movilización de donaciones legítimas, dejando a estas comunidades sin el apoyo necesario en el corto plazo.
  • Clase trabajadora y pequeños donantes: Este sector, que suele movilizarse con rapidez ante emergencias, es el blanco principal de los engaños. La pérdida de capital, aunque sea en montos pequeños, afecta el presupuesto familiar y desincentiva la participación ciudadana en futuras causas sociales, erosionando la cohesión comunitaria necesaria tras un desastre.

Existe incertidumbre sobre el alcance real de estas estafas, dado que muchas víctimas no denuncian por la baja cuantía de lo perdido o por el trauma derivado del evento sísmico. La magnitud del impacto es estructural si se considera que la desinformación debilita la legitimidad de las instituciones estatales encargadas de la gestión de riesgos.

¿Quién gana con esto? Los beneficiarios directos son redes de ciberdelincuencia y estafadores individuales que aprovechan la urgencia emocional y la falta de verificación de canales oficiales. Indirectamente, la desconfianza generada beneficia a actores que promueven el escepticismo hacia la gestión pública, al dificultar la coordinación entre la sociedad civil y las entidades gubernamentales en momentos de crisis.

La gestión de la ayuda humanitaria ante la ausencia de canales oficiales claros

La narrativa dominante se centra en la prevención de delitos financieros, posicionando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como una entidad que desautoriza la recaudación de dinero. Este enfoque traslada la responsabilidad de la seguridad en las donaciones exclusivamente hacia el donante, bajo la premisa de que la desinformación es el principal obstáculo para la ayuda.

Las narrativas alternativas, provenientes de organizaciones de base y redes de apoyo comunitario, señalan una carencia de canales institucionales ágiles para canalizar la solidaridad espontánea tras el sismo. Mientras los medios masivos enfatizan el riesgo de estafa, estas organizaciones sostienen que la falta de protocolos de recepción de ayudas en especie o dinero por parte del Estado obliga a la ciudadanía a recurrir a intermediarios informales, lo que aumenta la vulnerabilidad ante actores malintencionados.

Se detecta un sesgo de omisión en la noticia al no detallar qué mecanismos de asistencia pública están activos, si es que existen. La información se limita a una advertencia negativa, sin ofrecer una alternativa operativa para quienes buscan colaborar. El uso del término 'iniciativas de solidaridad' agrupa de forma imprecisa tanto a las estafas como a las redes de apoyo legítimas, lo cual puede desincentivar la participación ciudadana en procesos de ayuda necesarios para las poblaciones afectadas.

Riesgo bajo ICBF advierte sobre estafas y canaliza donaciones tras el sismo

Tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido recientemente en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha emitido una alerta oficial para prevenir a la ciudadanía sobre posibles estafas. La entidad enfatiza que no solicita dinero a través de cuentas personales, mensajes de texto o enlaces sospechosos para atender la emergencia.

En situaciones de desastre, es común el surgimiento de iniciativas de solidaridad que, en ocasiones, son aprovechadas por actores malintencionados para suplantar entidades públicas. El ICBF ha reiterado que cualquier canal de donación oficial se comunica exclusivamente a través de sus plataformas institucionales verificadas. Se recomienda a la población verificar siempre la autenticidad de las convocatorias antes de realizar cualquier aporte económico o material.

La búsqueda realizada confirma que el ICBF mantiene protocolos estrictos para la recepción de ayudas, los cuales no incluyen la intermediación de terceros mediante transferencias directas a cuentas privadas. Esta advertencia se alinea con las medidas de emergencia decretadas por el Gobierno nacional tras el terremoto, buscando proteger la integridad de los recursos destinados a los damnificados.

De dónde viene esta información: la nota original de Portafolio - Economía

Este artículo fue generado por el sistema editorial automatizado de InfoWeb a partir de información publicada originalmente por Portafolio - Economía (ver fuente original) el 13 de agosto de 2026, 12:03.

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