La gestión de desastres en Colombia enfrenta un desafío recurrente: la parálisis logística de la ayuda internacional. Tras la tragedia de Armero en 1985, se documentaron casos de toneladas de suministros, como alimentos y frazadas, que se perdieron en depósitos debido a demoras administrativas. Esta situación persiste como un riesgo latente para la eficacia de la respuesta humanitaria.

El marco normativo actual permite entregas urgentes, pero la coordinación entre la DIAN, el INVIMA y otros entes estatales suele fallar ante la magnitud de una crisis. La propuesta de crear un Régimen Nacional Extraordinario busca que los bienes esenciales, como equipos de rescate y medicamentos, cuenten con corredores prioritarios desde su arribo al país.

El modelo propuesto se basa en el principio de entrega inmediata y trazabilidad total, trasladando el control exhaustivo a una etapa posterior a la distribución. Esto implica que las auditorías de la Contraloría y la DIAN se realizarían tras asegurar que los damnificados reciban los insumos, evitando que trámites burocráticos bloqueen la asistencia en momentos críticos.

Para garantizar la transparencia, se sugiere la creación de un grupo de vigilancia compuesto por profesionales de trayectoria reconocida. Este equipo supervisaría el inventario y la entrega final, documentando el destino de cada donación. El objetivo es sancionar el uso indebido de los recursos sin sacrificar la rapidez necesaria para salvar vidas.

El sistema actual no solo afecta a las víctimas, sino que desincentiva a los donantes internacionales al generar sobrecostos por almacenamiento. La revisión de este proceso es fundamental para evitar que la burocracia convierta el auxilio humanitario en un problema logístico, garantizando que la asistencia llegue antes de que pierda su utilidad.

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