Gobierno defiende borrador que permite contratos con iglesias en colegios públicos

La ministra de Educación, Viviane Morales, defendió el borrador de decreto que habilita contratos con iglesias y confesiones religiosas para ejecutar estrategias pedagógicas en colegios oficiales. La funcionaria desestimó las acusaciones de que se trate de una medida improvisada o un 'decretazo', señalando que la figura jurídica existe en el país desde hace más de tres décadas.

Morales argumentó que la propuesta se fundamenta en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1851 de 2015. Según la ministra, el documento actual busca precisar las condiciones bajo las cuales las administraciones territoriales pueden contratar a terceros cuando las instituciones carecen de capacidad instalada para cubrir componentes específicos del servicio educativo.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha expresado su rechazo a la iniciativa. El gremio cuestiona el alcance que tendrían estas organizaciones dentro de los planteles, argumentando que la delegación de funciones pedagógicas en entidades privadas o religiosas podría afectar la autonomía y el carácter laico de la educación pública.

De acuerdo con el borrador, las entidades territoriales mantendrían la responsabilidad sobre la infraestructura y el personal docente y administrativo. Por su parte, las iglesias o confesiones contratadas aportarían apoyo pedagógico y administrativo para la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI) o el Proyecto Educativo Comunitario (PEC), integrándose a la denominada canasta educativa.

El debate se mantiene abierto sobre si esta reglamentación amplía las facultades de las organizaciones religiosas en el sistema escolar o si simplemente formaliza mecanismos de contratación que ya operan bajo la normativa vigente. Hasta el momento, el Ministerio no ha aclarado los límites específicos para la intervención de estos actores en la formación de los estudiantes.